A LA COLA DE EUROPA

              A Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y una de la figuras emergentes del PSOE, le preocupa muchísimo que la nueva Ley sobre el aborto, que inicia el trámite parlamentario, nos hace retroceder en el tiempo a la etapa previa a la transición democrática y “nos sitúa a la cola de Europa”.

            Para la flamante presidenta de la comunidad andaluza, la Ley, que pretende salvar vidas de seres indefensos, es “cruel e insensible” y amenaza con paralizarla, aun antes de que pase por la tramitación parlamentaria donde puede ser modificada, recurriéndola ante el Tribunal Constitucional.  

             La joven política, que lleva ocupando puestos de responsabilidad en su partido y en la Junta de Andalucía casi desde que era una niña y por tanto con alguna cuota de responsabilidad en que esta comunidad ocupe, ahora sí, los últimos lugares de la OCDE en educación, con tasas de abandono escolar superiores al resto de comunidades españolas, siendo España de los últimos países en ese ranking, o esté también a la cola en las listas de desempleo, no se había mostrado tan indignada y dispuesta a dar la batalla contra estos índices.

             A pesar de su promesa de lucha sin cuartel contra la corrupción, por el momento  no ha pasado de una declaración de intenciones, y eso también sitúa a Andalucía entre las más destacadas, en sentido negativo claro, de las comunidades autónomas españolas.

            Pero el aborto es otra cosa. Da muchos votos de la izquierda, por donde IU les está haciendo más daño, y todos esos votos de movimientos feministas, contestatarios y “progresistas”, cuyo avance social persigue, entre otras mejoras, que las niñas de 16 años puedan abortar sin ni siquiera consultar a sus padres.

            Que se trata de un tema controvertido nadie lo duda, pero esta izquierda tan indignada y dispuesta a llevar la cuestión a Europa, no se ha parado a considerar que el proyecto de Ley ahora a debate se parece bastante a la Ley  de Julio de 1985 de Felipe González que modificaba el Artículo 417 bis del Código Penal, aunque reduce de tres a dos los supuestos, y es posible que finalizado el debate parlamentario se parezca aun más.

            Entiendo que todos, favorables a la nueva Ley y detractores, quieren evitar muertes de inocentes y penas de cárcel para las mujeres que se vean en tan terrible situación, y ambos objetivos son compatibles pero necesariamente deben ser regulados.

            Lo que debería asumir sin demora el Gobierno, este y los que vengan, incluso mediante pactos entre partidos, es su responsabilidad sobre una educación sexual adecuada a los jóvenes que evite embarazos a esas edades, información sobre planificación familiar y, sobre todo, no dejar exclusivamente a las asociaciones como Red Madre la atención a mujeres con embarazos no deseados, a las que hay que acoger, informar, atender personal y medicamente, antes y después del parto.

            No he hablado en todo el artículo de creencias religiosas, esas pertenecen a cada uno y naturalmente son todas respetables, pero no pueden ser impuestas en uno u otro sentido. He hablado de respetar la vida humana y la libertad de las mujeres, y digo que son compatibles, que debe haber soluciones incluso de acogida, apadrinamiento o adopción a ese hijo enfermo o no deseado. Todo menos matarlo.