TODOS tenemos derecho a defender nuestras opiniones, ciertas o erróneas, en cualquier circunstancia y sobre cualquier cuestión. Lo hacemos a diario, oralmente o por escrito. Lo que no solemos hacer, quienes no somos políticos, es arrogarnos la representación de un colectivo al que, sin consultar previamente, adjudican una determinada opinión.
Viene a cuento esta reflexión respecto a manifestaciones realizadas por políticos de uno y otro signo sobre el controvertido proyecto de ley del aborto.
Oímos con frecuencia: "Los españoles, o las mujeres, o los andaluces, o los ciudadanos no vamos a consentir…" Como si quien habla hubiera consultado previamente sus opiniones y estuviera autorizado a hablar en nombre de todos.
La realidad es muy distinta, no existen opiniones unánimes adjudicadas sin ningún rubor al colectivo al que dicen representar. Lo estamos viendo en la futura Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada sobre la que algunos políticos del Partido Popular se han manifestado contrarios a ciertos aspectos de la ley, mientras miembros del Grupo Federal de Cristianos Socialistas, dentro del PSOE, se muestran conformes. Así pues, ni siquiera los líderes políticos pueden hablar en nombre de todo el partido.
El ciudadano vota a un partido, pero es muy probable que, cuando lo hace, no esté de acuerdo al cien por cien con su programa, y mucho menos puede estarlo con el contenido total de futuras leyes apenas enunciadas. En leyes de la mayor importancia como aborto o educación, suponer que los millones de votos obtenidos son un cheque en blanco es mucho suponer.
Sin llegar al extremo de Suiza, donde la construcción de una nueva carretera es sometida a la aprobación en referéndum, hay leyes que por su importancia y transcendencia deberían aprobarse directamente por los electores y evitar así, como llevamos 35 años, que cada partido que llega al Gobierno cambie lo del anterior.
Dando por hecho que no existe posibilidad de nuevos pactos entre PP y PSOE, sería deseable, para determinadas leyes, recurrir al referéndum popular como garantía de durabilidad.
Viene a cuento esta reflexión respecto a manifestaciones realizadas por políticos de uno y otro signo sobre el controvertido proyecto de ley del aborto.
Oímos con frecuencia: "Los españoles, o las mujeres, o los andaluces, o los ciudadanos no vamos a consentir…" Como si quien habla hubiera consultado previamente sus opiniones y estuviera autorizado a hablar en nombre de todos.
La realidad es muy distinta, no existen opiniones unánimes adjudicadas sin ningún rubor al colectivo al que dicen representar. Lo estamos viendo en la futura Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada sobre la que algunos políticos del Partido Popular se han manifestado contrarios a ciertos aspectos de la ley, mientras miembros del Grupo Federal de Cristianos Socialistas, dentro del PSOE, se muestran conformes. Así pues, ni siquiera los líderes políticos pueden hablar en nombre de todo el partido.
El ciudadano vota a un partido, pero es muy probable que, cuando lo hace, no esté de acuerdo al cien por cien con su programa, y mucho menos puede estarlo con el contenido total de futuras leyes apenas enunciadas. En leyes de la mayor importancia como aborto o educación, suponer que los millones de votos obtenidos son un cheque en blanco es mucho suponer.
Sin llegar al extremo de Suiza, donde la construcción de una nueva carretera es sometida a la aprobación en referéndum, hay leyes que por su importancia y transcendencia deberían aprobarse directamente por los electores y evitar así, como llevamos 35 años, que cada partido que llega al Gobierno cambie lo del anterior.
Dando por hecho que no existe posibilidad de nuevos pactos entre PP y PSOE, sería deseable, para determinadas leyes, recurrir al referéndum popular como garantía de durabilidad.
Totalmente de acuerdo.....lo malo es que a los políticos no les interesa!,,
ResponderEliminarPepe Bravo
Evidentemente no les interesa, si podemos identificarnos con hacienda, seguridad social, bancos etc. etc. podríamos perfectamente identificarnos para una consulta y/o votación atreves de internet con las máximas garantías.
ResponderEliminarDoy una idea: Para consultas que nos manden una clave en la tarjeta censal que además sirva para actualizar los datos censales.
Para votar que además de la clave de la tarjeta censal una vez entremos con la misma, nos manden otra mediante un SMS a nuestro teléfono teléfono móvil que nosotros le habremos indicado. el ministerio de interior conoce a los titulares, con lo que podían identificar posibles fraudes.
Un abrazo.
Rafael Serrano del Rio
El problema de España, junto con la falta de valores éticos y morales y un nivel cultural deplorable (fruto de seis leyes de educación lamentables) es que nuestros políticos profesionales tienen los intereses del Estado en el último lugar de sus prioridades, tras su aprecio al coche oficial y la poltrona.
EliminarEsta clarísimo que no les interesa.
Están muy bien así con su alternancia en el poder. Veremos si no empiezan a llevarse sorpresas con la elecciones europeas, que son las primeras que tenemos.
Muchas gracias por tu comentario.
Un abrazo