Ya en febrero de este año escribía sobre
la violencia callejera (“El Imperio de la Violencia” 01.02.14) con motivo de
los sucesos del barrio de Gamonal en Burgos y Alcorcón en Madrid, donde los
manifestantes violentos consiguieron sus propósitos, el cese de la construcción
de un aparcamiento subterráneo en Gamonal y la externalización del servicio de
recogida de vidrio en Alcorcón. En ambos casos se trataba de acuerdos en firme
de los respectivos ayuntamientos, representantes legítimos de todos sus ciudadanos.
No
mucho más de un centenar de antisitemas, infiltrados entre los pocos miles de
pacíficos manifestantes, en lo que se pretendía una manifestación
reivindicativa a la que todos los
ciudadanos tenemos derecho, han causado importantes destrozos en el mobiliario
urbano y bienes privados, han herido a policías y, lo que es supone un hito
para los violentos: han logrado cambiar decisiones tomadas democráticamente,
aunque no fueran del agrado de una minoría.
Dirigentes
políticos como Diego Valderas (IU), nada
menos que Vicepresidente de la Junta de
Andalucía, animó a los violentos con declaraciones como: “Ha habido victorias
importantes de las movilizaciones como las mareas blancas de carácter sanitario
o los ciudadanos de Gamonal, que dijeron que no se pueden hacer políticas
contrarias al conjunto de los ciudadanos”, dando por buenos los actos violentos
que unos pocos protagonizaron.
Escribía
José Aguilar en el Diario de Cádiz del 11 de febrero pasado: “Su táctica (la de
los antisistema) apuesta sobre seguro. Si la lucha cívica en la que se
introducen acaba logrando resultados, rápidamente se apropian del éxito, que
deja de ser de los vecinos que la iniciaron para atribuírselo al ejercicio de
la violencia. El desorden es la única forma de derrotar al poder: Si la lucha
fracasa, siempre será por culpa de las fuerzas represivas del Estado.” Y
añadía: ”La violencia callejera no es peligrosa en sí misma, sino como síntoma
de incapacidad del sistema democrático.”
En
Andalucía, el SAT (Sindicato Andaluz de
Trabajadores) que lidera el parlamentario andaluz de IU Sánchez Gordillo,
cuando se le pasa por la cabeza asalta supermercados, ocupa fincas públicas y
privadas sin que la Justicia le haya condenado, ni a él ni sus
correligionarios, dando por buenas estas acciones violentas.
A
El Puerto de Santa María (Cádiz), se desplazaron, en el convulso mes de febrero
pasado, cuatro jóvenes “del barrio burgalés de Gamonal” ofreciéndose a un grupo
de vecinos que se oponen a la construcción
de dos aparcamientos subterráneos aprobados por el pleno de su
ayuntamiento y a todas luces necesario para la ciudad. Los “jóvenes de Gamonal”
proyectaron vídeos y explicaron su idea de lo que es una manifestación
“pacífica”. Se fueron, pero volverán porque el tema no está resuelto. Vendrán
con sus vídeos y tácticas de guerrilla urbana “para defender los derechos de
los portuenses". “La gente del pueblo tenemos la fuerza, solo tenemos que
creérnoslo. Si hace falta venimos aquí a echaros una mano”. Ya conocemos en qué
consiste eso de “echar una mano”.
La
“marcha de la dignidad” del 22 de marzo pasado en Madrid, se saldó con más de
cien heridos, dos tercios de ellos policías. Los convocantes de la marcha,
partidos de izquierda, no han condenado los hechos, más bien han defendido su
derecho de manifestación, se apuntan al “cuanto peor, mejor” y protestan por la
“brutal intervención de la Policía”, poniendo sus cabezas para que se las
partan, añado.
Estos
activistas buscan, precisamente, que se produzca una fuerte represión policial,
que esta sobrepase los límites de la moderación y proporcionalidad deseables y
hacer de ello la bandera que justifique nuevas acciones aun más violentas.
Dicen querer destruir el malvado sistema capitalista, pero como no es posible
mediante las urnas, creen que mediante su alineación con los más perjudicados
por la crisis económica y que las protestas violentas, y la consiguiente
represión, acabarán levantando a las masas en contra del sistema hasta su
destrucción y sustitución por una democracia asamblearia.
No
es solo la violencia de estos grupos organizados y entrenados en este tipo de
acciones de masas. La violencia de determinados individuos, como el que agrade
en el metro de Barcelona a un joven de rasgos orientales, o en una playa
nudista de Almería frecuentada por homosexuales, o el que prende fuego a una
tienda por vender banderas inconstitucionales, o palizas a compañeros de colegio
grabadas y puestas en las redes sociales, son solo muestras de una situación a
la que las autoridades no han sabido poner freno y amenaza con extenderse
peligrosamente.
Toda
violencia es condenable, sea homófoba, racista, sindical, de extrema derecha o
de izquierda y debe ser castigada en su justa medida, no solo con carácter
represivo, sino ejemplarizante, que evite las tentaciones de imitación. La
proporcionalidad en el castigo, a veces tan difícilmente medible, debe ser una
constante que evite, o trate de evitar los efectos de simpatía y defensa de los
violentos, como ha declarado el líder sindical Cándido Méndez, en defensa de los taxistas en huelga de
Madrid y Barcelona que agredieron brutalmente a sus compañeros de profesión que
no se sumaron a la huelga, acusando al Gobierno de represivo.
Declaraciones
coma la del, hasta hace poco, líder de los socialistas vascos Paxi López: “El
Gobierno está intentado privatizar la libertad de expresión” en referencia la
nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno, o la del Coordinador
General de IU, Cayo Lara:”Hay que tirar del hilo y ver a quien favorecen los encapuchados
embarazosos” en referencia a los grupos violentos que se infiltran en las
manifestaciones pacificas y que terminan en graves disturbios, no ayudan nada,
sino todo lo contrario, a la eliminación de la violencia política en nuestra
sociedad.
No
solo algunos políticos y sindicalistas de izquierda justifican la violencia,
matizada o sin matizar (el último de ellos el mediático líder de Podemos, Pablo
Iglesias), sino que los propios jueces, aquellos a quienes se les supone mayor
formación jurídica y sentido de la responsabilidad al aplicar las leyes, acaban
de darnos a todos los españoles de bien, un palo en forma de sentencia, del que
nos va ser difícil recuperarnos, cundo absuelven a los 19 individuos violentos
(no puedo escribir los calificativos que me vienen a la cabeza) de Barcelona
que, en junio de 2011, rodearon el Parlamento Catalán y trataron de impedir el
acceso a los diputados mediante empujones, golpes, insultos y lanzamiento de
objetos. El presidente Artur Mas tuvo que acceder en un helicóptero.
La
sentencia de la Audiencia Nacional, con el voto en contra del presidente del
tribunal, el juez Grande – Marlaska, no tiene desperdicio. Transcribo algunos
párrafos en los que los magistrados “entienden que la protesta estaba amparada
por el derecho de manifestación y dirigida a dar voz a los desfavorecidos por
las políticas denominadas de austeridad”, y añade más adelante: “Los
participantes (los salvajes, apostillo), buscaban dialogar con los
representantes parlamentarios, trasladándoles el malestar y las consecuencias
de los presupuestos que iban a votar”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario