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sábado, 12 de julio de 2014

LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA



Ya en febrero de este año escribía sobre la violencia callejera (“El Imperio de la Violencia” 01.02.14) con motivo de los sucesos del barrio de Gamonal en Burgos y Alcorcón en Madrid, donde los manifestantes violentos consiguieron sus propósitos, el cese de la construcción de un aparcamiento subterráneo en Gamonal y la externalización del servicio de recogida de vidrio en Alcorcón. En ambos casos se trataba de acuerdos en firme de los respectivos ayuntamientos, representantes legítimos de todos sus ciudadanos.

          No mucho más de un centenar de antisitemas, infiltrados entre los pocos miles de pacíficos manifestantes, en lo que se pretendía una manifestación reivindicativa a la que  todos los ciudadanos tenemos derecho, han causado importantes destrozos en el mobiliario urbano y bienes privados, han herido a policías y, lo que es supone un hito para los violentos: han logrado cambiar decisiones tomadas democráticamente, aunque no fueran del agrado de una minoría.

    Dirigentes políticos como Diego Valderas (IU),  nada menos que Vicepresidente  de la Junta de Andalucía, animó a los violentos con declaraciones como: “Ha habido victorias importantes de las movilizaciones como las mareas blancas de carácter sanitario o los ciudadanos de Gamonal, que dijeron que no se pueden hacer políticas contrarias al conjunto de los ciudadanos”, dando por buenos los actos violentos que unos pocos protagonizaron.

          Escribía José Aguilar en el Diario de Cádiz del 11 de febrero pasado: “Su táctica (la de los antisistema) apuesta sobre seguro. Si la lucha cívica en la que se introducen acaba logrando resultados, rápidamente se apropian del éxito, que deja de ser de los vecinos que la iniciaron para atribuírselo al ejercicio de la violencia. El desorden es la única forma de derrotar al poder: Si la lucha fracasa, siempre será por culpa de las fuerzas represivas del Estado.” Y añadía: ”La violencia callejera no es peligrosa en sí misma, sino como síntoma de incapacidad del sistema democrático.”

        En Andalucía, el  SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) que lidera el parlamentario andaluz de IU Sánchez Gordillo, cuando se le pasa por la cabeza asalta supermercados, ocupa fincas públicas y privadas sin que la Justicia le haya condenado, ni a él ni sus correligionarios, dando por buenas estas acciones violentas.

          A El Puerto de Santa María (Cádiz), se desplazaron, en el convulso mes de febrero pasado, cuatro jóvenes “del barrio burgalés de Gamonal” ofreciéndose a un grupo de vecinos que se oponen a la construcción  de dos aparcamientos subterráneos aprobados por el pleno de su ayuntamiento y a todas luces necesario para la ciudad. Los “jóvenes de Gamonal” proyectaron vídeos y explicaron su idea de lo que es una manifestación “pacífica”. Se fueron, pero volverán porque el tema no está resuelto. Vendrán con sus vídeos y tácticas de guerrilla urbana “para defender los derechos de los portuenses". “La gente del pueblo tenemos la fuerza, solo tenemos que creérnoslo. Si hace falta venimos aquí a echaros una mano”. Ya conocemos en qué consiste eso de “echar una mano”.

          La “marcha de la dignidad” del 22 de marzo pasado en Madrid, se saldó con más de cien heridos, dos tercios de ellos policías. Los convocantes de la marcha, partidos de izquierda, no han condenado los hechos, más bien han defendido su derecho de manifestación, se apuntan al “cuanto peor, mejor” y protestan por la “brutal intervención de la Policía”, poniendo sus cabezas para que se las partan, añado.

          Estos activistas buscan, precisamente, que se produzca una fuerte represión policial, que esta sobrepase los límites de la moderación y proporcionalidad deseables y hacer de ello la bandera que justifique nuevas acciones aun más violentas. Dicen querer destruir el malvado sistema capitalista, pero como no es posible mediante las urnas, creen que mediante su alineación con los más perjudicados por la crisis económica y que las protestas violentas, y la consiguiente represión, acabarán levantando a las masas en contra del sistema hasta su destrucción y sustitución por una democracia asamblearia.

          No es solo la violencia de estos grupos organizados y entrenados en este tipo de acciones de masas. La violencia de determinados individuos, como el que agrade en el metro de Barcelona a un joven de rasgos orientales, o en una playa nudista de Almería frecuentada por homosexuales, o el que prende fuego a una tienda por vender banderas inconstitucionales, o palizas a compañeros de colegio grabadas y puestas en las redes sociales, son solo muestras de una situación a la que las autoridades no han sabido poner freno y amenaza con extenderse peligrosamente.

          Toda violencia es condenable, sea homófoba, racista, sindical, de extrema derecha o de izquierda y debe ser castigada en su justa medida, no solo con carácter represivo, sino ejemplarizante, que evite las tentaciones de imitación. La proporcionalidad en el castigo, a veces tan difícilmente medible, debe ser una constante que evite, o trate de evitar los efectos de simpatía y defensa de los violentos, como ha declarado el líder sindical Cándido Méndez,  en defensa de los taxistas en huelga de Madrid y Barcelona que agredieron brutalmente a sus compañeros de profesión que no se sumaron a la huelga, acusando al Gobierno de represivo.

          Declaraciones coma la del, hasta hace poco, líder de los socialistas vascos Paxi López: “El Gobierno está intentado privatizar la libertad de expresión” en referencia la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno, o la del Coordinador General de IU, Cayo Lara:”Hay que tirar del hilo y ver a quien favorecen los encapuchados embarazosos” en referencia a los grupos violentos que se infiltran en las manifestaciones pacificas y que terminan en graves disturbios, no ayudan nada, sino todo lo contrario, a la eliminación de la violencia política en nuestra sociedad.

          No solo algunos políticos y sindicalistas de izquierda justifican la violencia, matizada o sin matizar (el último de ellos el mediático líder de Podemos, Pablo Iglesias), sino que los propios jueces, aquellos a quienes se les supone mayor formación jurídica y sentido de la responsabilidad al aplicar las leyes, acaban de darnos a todos los españoles de bien, un palo en forma de sentencia, del que nos va ser difícil recuperarnos, cundo absuelven a los 19 individuos violentos (no puedo escribir los calificativos que me vienen a la cabeza) de Barcelona que, en junio de 2011, rodearon el Parlamento Catalán y trataron de impedir el acceso a los diputados mediante empujones, golpes, insultos y lanzamiento de objetos. El presidente Artur Mas tuvo que acceder en un helicóptero.

          La sentencia de la Audiencia Nacional, con el voto en contra del presidente del tribunal, el juez Grande – Marlaska, no tiene desperdicio. Transcribo algunos párrafos en los que los magistrados “entienden que la protesta estaba amparada por el derecho de manifestación y dirigida a dar voz a los desfavorecidos por las políticas denominadas de austeridad”, y añade más adelante: “Los participantes (los salvajes, apostillo), buscaban dialogar con los representantes parlamentarios, trasladándoles el malestar y las consecuencias de los presupuestos que iban a votar”.

         Llegados este punto, ¿quién defiende el normal desarrollo de la vida ciudadana? ¿quien para esta peligrosa escalada? ¿es incapaz el sistema democrático de poner freno a la violencia? cuando políticos, sindicalistas  y hasta jueces, justifican (y animan de paso) la ley de la selva, los comportamientos violentos de unas minorías muy activas dispuestas a emplear todo tipo de violencia para lograr sus objetivos, con razón o sin ella.

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