Sería una
ingenuidad y una pérdida de tiempo por mi parte, la búsqueda de datos oficiales
sobre la economía sumergida. No solo en España, sino en cualquier país, desde
los más desarrollados a los más pobres, esta actividad se da en menor o mayor
medida, quizás por ese mismo orden.
Datos hay,
con retrasos considerables y nunca con demasiada exactitud. Los únicos con una
cierta fiabilidad, dadas las fuentes, son los proporcionados por el Instituto
de Estudios Fiscales, el Banco de España, el Consejo Económico y Social, el
Banco Mundial y la Unión Europea, que en 2008, cifraban la economía sumergida
española entre el 20% y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que
para ese mismo periodo, la media europea en esta difícil estadística, la sitúan
entre el 15% y el 20%, sin considerar los países de la Europa del Este
incorporados a la Unión Europea después de 1990.
El propio
Ministerio de Economía y Hacienda
de
España, siempre referido al año 2008, en un informe de elaboración propia
indica:”…las dos grandes bolsas de fraude existentes eran las operaciones de
compraventa
protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias, así como las actividades
derivadas del ejercicio de las profesiones liberales”. Así, la
evasión
fiscal, más o menos detectada, con lo que deja de ser sumergida para
convertirse en perseguida, en el sector inmobiliario representaba 8.600
millones de euros anuales en España. Según la misma fuente, “el 95,8% de las
compañías asentadas en España que facturaban entre 1,8 y 6 millones de euros
(+/- 57.700 sociedades mercantiles) escapaban a los controles fiscales al no
tener obligación de ser auditadas.”
Ateniéndonos
a estos datos y, siempre considerando que nos estamos refiriendo a una
actividad ilícita y por tanto poco transparente, se puede dar por bueno que la
economía sumergida en España en 2008 era el 23% del Producto Interior Bruto, lo
que representaba el equivalente a 240.000 Millones de Euros. Han leído bien,
240.000 Millones de Euros, que no tributan absolutamente nada, el 0%, al Fisco
español. Cifra capaz de hacer tambalear la economía de un país, cifra superior
al PIB de países como Dinamarca, Venezuela, Chile, Portugal…
Y estamos
hablando de 2008, año de inicio de la peor fase de la crisis económica,
anterior a subidas de IVA, nuevas leyes laborales, disminución de la actividad
económica, del consumo y otras circunstancias que “animan” esa actividad
clandestina de la economía. Medidas que en su conjunto favorecen la prestación
de servicios o incluso pequeñas ventas sin factura, el trabajo remunerado solo
parcialmente de forma legal y otra parte en “negro” para evitar el pago de
impuestos, horas extras no contabilizadas, contratos basura, y pequeñas empresas
cuya supervivencia peligra y que para no cerrar, pierden transparencia de cara
al fisco y a la seguridad social, entre otras cuestiones.
Es decir,
solo por lo que estas medidas han supuesto en este campo, podríamos estar
hablando de más de 300.000 Millones de Euros de actividad económica no
controlada, una buena parte de esta enormidad de millones han salido rumbo a
paraísos fiscales, y el Gobierno, con su amnistía fiscal, solo ha logrado el
retorno de unos 25.000 Millones de Euros, generando unos ingresos a las arcas
del Estado de 2.500 Millones de Euros.
Es cierto
que muchos pensionistas ayudan a sus familiares, pero, las pensiones no son tan
elevadas como para permitir una situación más allá de un periodo relativamente
corto de tiempo, no de forma permanente y siempre llevando a toda la familia a
una perdida paulatina de calidad de
vida.
Según los
Presupuestos Generales del Estado para 2013, el gasto previsto para el pago de
prestaciones por desempleo asciende a casi 27.000 Millones de Euros, mientras
que la cantidad para “fomento de empleo”, disminuye por segundo año consecutivo
(- 5,5% en 2011 y – 21,2% en 2012) para quedarse en unos 5.700 Millones de
Euros. Las cifras son significativas, pero lo es más el hecho de que, mientras
aumenta el número de parados y el gasto en prestaciones, se disminuya
considerablemente la partida destinada al fomento del empleo.
No
entraremos, por ahora, en las múltiples y millonarias estafas de políticos,
banqueros, profesionales, sindicalistas y trabajadores poco escrupulosos con el
dinero publico, que van desde las escandalosas cifras cobradas como jubilación
de un alto cargo, al cobro de indemnizaciones por desempleo simultaneadas con
actividad laboral no declarada, o jubilaciones por incapacidad física
fraudulentas, que de todo hay.
Un país que
ya había alcanzado unos niveles bienestar social equiparables al mundo más
desarrollado, se ve, en muy poco tiempo, sumido en un retroceso económico
inasumible, incontrolado y abocado a un rescate o la bancarrota, con unos
responsables políticos y económicos dando palos de ciego sin encontrar la
salida y, mientras tanto las cifras del paro llegan a los seis millones, entre
los que es muy importante considerar el 55% de paro en menores de 25 años.
La economía
sumergida de pequeña escala, es decir, la desarrollada por una actividad
económica no controlada, que no cotiza, pero que permite seguir viviendo a
millones de familias españolas a las que
no alcanza ya ni la prestación denominada “ayuda familiar”, por cierto la más
baja de Europa, ni las ridículas ayudas familiares por hijo o a familias
numerosas, o madres solteras, divorciadas, viudas. Políticas sociales que en países
de nuestro nivel de desarrollo y desde hace muchos años son realmente muy
considerables. En España los índices de natalidad son muy bajos, a la cola de
Europa, pero el Gobierno y los gobiernos de las autonomías no proporcionan las
familias con hijos ventajas fiscales y otras ayudas que sean significativas, y que
en las actuales circunstancias, precisamente,
deberían verse considerablemente reforzadas.
Ya se que
la economía sumergida es delictiva y perseguible por el Fisco,
independientemente de su cuantía, pero dadas las quejas continuas de los funcionarios
de Hacienda sobre la falta de medios y el exceso de trabajo, bueno sería y
mucho más rentable para el Estado, la persecución de los grandes defraudadores,
y al mismo tiempo, quizás se puedan mejorar las ayudas a las familias con hijos
que lo están pasando muy mal, y si quieren datos concretos sobre estos dramas,
pregunten a Caritas y otras instituciones que se ocupan de alimentar, vestir y
acoger a tantas familias sin recursos.
Probablemente la economia sumergida real,será mucho mayor que cualquier cifra aportada por los organismos.
ResponderEliminarPor un lado es un modo de engrosar el monedero de manera facil y rapida.Por otro lado,para muchos desempleados con baja calificación y con prestaciones economicas muy escasas es su modo de poder llegar (o casi) a fin de mes.
No entiendo como no se implantan medidas reales para el fomento del empleo y ayudas a la creación de empresas.
Ah! y CIERRE ya a todos los paraisis fiscales.