Decía, en una entrevista publicada
recientemente en el Diario de Cádiz, la prestigiosa Arquitecta, Sara Martín
Cámara: “En Suiza, casi se paraliza una obra si se desvía del presupuesto.” Y
hablaba con palabras que producen envidia, sana envidia: “En la democracia
directa suiza, cualquier discusión pública puede ser llevada a referéndum.”
Así
se decidió recientemente en una consulta popular en el Cantón de Ginebra: la
prohibición de construir minaretes y la aprobación de un presupuesto
suplementario para una nueva línea de tren de cercanías.
La sociedad española fue admirada en
época no muy lejana. La Europa del Este, que vivía su propia transición
política, tenía como ejemplo la trayectoria seguida por nuestros políticos de
los años setenta, capaces de renunciar a sus legítimos intereses en aras del
bien común, capaces de firmar los Pactos de la Moncloa en Octubre del 77 y
aprobar nuestra vigente Constitución en Diciembre del 78. ¿Qué queda de
aquello? ¿Dónde y cuando perdimos esa casta de políticos de altura?
Uno de esos países que nos admiraban y
veían como ejemplo, la antigua Checoslovaquia, ejerció en Noviembre del 89,
otra suerte de eficaz “democracia directa”. La conocida plaza de Wenceslao era
diariamente, desde el 17 de Noviembre, un hervidero de lo mas variado de la
ciudadanía checoslovaca, estudiantes, obreros de las fabricas cercanas, amas de
casa…, no cabía un alfiler, ni en la plaza, ni en las calles aledañas, hasta tal
punto que la pacifica y ordenada manifestación se tuvo que trasladar a un lugar
más amplio, al Parque Letná, junto al estadio del Sparta de Praga, una
explanada con cabida para mas de un millón de personas.
La Democracia, por definición, es el
gobierno del pueblo, pero hemos convenido colectivamente en ponerle el apellido
“representativa”, es decir, el pueblo sigue ejerciendo la soberanía
colectivamente, pero elije a unos representantes para que, “en su nombre” tomen
las decisiones que la sociedad, en su conjunto, desearía tomar para lograr mejoras sociales, económicas, formativas,
sanitarias o de cualquier índole.
Esa democracia representativa, basa su
buen funcionamiento en varios principios, llamémosles básicos, inquebrantables,
condicionantes, como son la independencia y autonomía de los tres poderes,
legislativo, ejecutivo y judicial, en que a su vez se subdivide, pero también
en unas leyes electorales que otorguen la representación a quienes resultan con
mayoría de votos y no del resultado de los “apaños” a espaldas del pueblo.
Si lo anterior no se cumple, si el
sistema no funciona o los representantes de la ciudadanía, no hacen su trabajo
convenientemente, esa “soberanía delegada” debe volver de inmediato a sus
legítimos ostentadores, antes de que el mal sea irreparable. Para eso, el
Parlamento Europeo acaba de aprobar una “Ley de Iniciativa Legislativa Popular”
por la que un millón de ciudadanos europeos, pertenecientes a nueve estados
miembros, pueda proponer nuevas leyes, cambios en las existentes o abolición de
alguna de ellas, es decir: ejercer la “democracia directa”.
Naturalmente, se me dirá: En España ya
tenemos la Ley Orgánica 3/84 y su
reforma en 2006 que regulan este derecho a los españoles. Efectivamente, existe
esa Ley, pero, sin entrar en profundidades, que no es el lugar, citaremos al
Profesor Joaquín Marco, que en la Revista General de Derecho Constitucional de
octubre de 2009, escribía sobre: “…los pírricos rendimientos de nuestra norma
(referida a esta Ley)…ya que, tras más de veinticinco años de vigencia, solo
una de las cincuenta proposiciones presentadas ha alcanzado el anhelado éxito
legislativo”
El profesor Marco, y muchos
prestigiosos profesionales del Derecho Constitucional, critican la Ley vigente
y proponen cambios que la conviertan en eficaz herramienta democrática. Claro
está que nuestros políticos profesionales no les hacen caso, ¿Cómo van a
modificar una Ley que pueda quitarles, auque sea, una mínima parcela de
poder?...Pues entonces, solo nos queda una forma de ejercer nuestros derechos
democráticos: La iniciativa popular de la sociedad civil manifestándose
pacifica, pero contundentemente, en contra de quienes no responden a la
confianza en ellos depositada. No solo los sindicatos pueden ejercer este
derecho, y lo mismo que se promueven “Plataformas para salvar La Caleta, o la
Aduana”, o lo que estimemos oportuno, promovamos una a nivel nacional (Internet
es un vehiculo magnífico), “Plataforma para salvar a España”
Por lo que veo querido Jaime lo publicaste en Mayo de 2010, un año justo antes del 15-M...
ResponderEliminarMuchas veces me sorprendo a mi mismo por escribir cosas que se cumplen mas tarde, pero pienso que, no es que tenga una bola de cristal, es simplemente porque intuyo lo que puede pasar, seran los años y la experiencia... (Muchos mas españoles lo intuyen tambien).Justo lo que deberiasn de tratar de preveer nuestros responsables politicos y que para nuestra desgracia no ocurre.
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