Tras dos
durísimos años de recortes, subida de impuestos e incremento de costes de
servicios básicos como la energía en todas sus formas, para satisfacción del
Gobierno de Mariano Rajoy, la prima de riesgo ha vuelto a valores moderados, la
bolsa ha recuperado la cota de los 10.000, las inversiones extranjeras se han
incrementado considerablemente y las exportaciones funcionan mucho mejor.
sábado, 25 de enero de 2014
LA MACRO Y LA MICRO
sábado, 18 de enero de 2014
EL MARTIRIO DE LA JUSTICIA
Publicado en el Diario de Cádiz el sábado 18 de Enero de 2014
El Jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, ha manifestado que la instrucción del 'Caso Noos' es un auténtico "martirio" por la excesiva duración del procedimiento judicial, que lleva ya dos años y medio. Ya conté en otra ocasión lo ocurrido en Cataluña con una reclamación de unos campesinos contra una poderosa compañía eléctrica que les había arruinado. El proceso duró 18 años y cuando el fallo favorable a los reclamantes se hizo firme, la mitad de ellos habían fallecido.
La excesiva duración de la instrucción es una constante en la justicia española, la lentitud de los procedimientos, la saturación de los juzgados, la falta de personal y de medios informáticos y así llevamos ya demasiados años, sin que los sucesivos gobiernos hayan hecho gran cosa por remediarlo.
El Pacto para la Reforma de la Justicia, firmado por el PP y PSOE el 31de mayo de 2001, no llegó a nada. Los intereses partidistas impidieron cualquier progreso en los objetivos pactados. Trece años después todo está peor porque, además, la dependencia de los organismos judiciales del poder legislativo, es decir de los partidos, se ha acentuado considerablemente hasta poner en entredicho la independencia del poder judicial.
No toda la culpa es de los juzgados. El sistema, las leyes procesales, son poco ágiles y permiten a los abogados retrasar aun más los procesos, si es de su interés, sin hablar de los posteriores recursos en una cadena sucesiva de tribunales, desde el ordinario hasta el Tribunal de Justicia de la UE, en algunos casos.
"Pleitos tengas y los ganes", "La justicia lenta no es justicia" o "Más vale un mal acuerdo que un buen pleito" son algunas sentencias del sabio refranero español que definen perfectamente la situación de nuestra justicia.
Un "martirio", definía Spottorno, pero, para desgracia de muchos españoles, no es solo la Infanta Cristina la que sufre esta desesperante situación. Culpable o inocente, ganador o perdedor, la condena de la lentitud del procedimiento la sufren todos.
La excesiva duración de la instrucción es una constante en la justicia española, la lentitud de los procedimientos, la saturación de los juzgados, la falta de personal y de medios informáticos y así llevamos ya demasiados años, sin que los sucesivos gobiernos hayan hecho gran cosa por remediarlo.
El Pacto para la Reforma de la Justicia, firmado por el PP y PSOE el 31de mayo de 2001, no llegó a nada. Los intereses partidistas impidieron cualquier progreso en los objetivos pactados. Trece años después todo está peor porque, además, la dependencia de los organismos judiciales del poder legislativo, es decir de los partidos, se ha acentuado considerablemente hasta poner en entredicho la independencia del poder judicial.
No toda la culpa es de los juzgados. El sistema, las leyes procesales, son poco ágiles y permiten a los abogados retrasar aun más los procesos, si es de su interés, sin hablar de los posteriores recursos en una cadena sucesiva de tribunales, desde el ordinario hasta el Tribunal de Justicia de la UE, en algunos casos.
"Pleitos tengas y los ganes", "La justicia lenta no es justicia" o "Más vale un mal acuerdo que un buen pleito" son algunas sentencias del sabio refranero español que definen perfectamente la situación de nuestra justicia.
Un "martirio", definía Spottorno, pero, para desgracia de muchos españoles, no es solo la Infanta Cristina la que sufre esta desesperante situación. Culpable o inocente, ganador o perdedor, la condena de la lentitud del procedimiento la sufren todos.
sábado, 11 de enero de 2014
AMOR Y ODIO
Podría establecerse, en términos muy
generales, que el ser humano, que es capaz de las mayores hazañas y de los más
horrendos crímenes, se mueve fundamentalmente por dos motivaciones: el amor y
el odio.
sábado, 4 de enero de 2014
¿ EN NOMBRE DE QUIEN ?
Publicado en el Diario de Cádiz el sábado 4 de Enero de 2014
TODOS tenemos derecho a defender nuestras opiniones, ciertas o erróneas, en cualquier circunstancia y sobre cualquier cuestión. Lo hacemos a diario, oralmente o por escrito. Lo que no solemos hacer, quienes no somos políticos, es arrogarnos la representación de un colectivo al que, sin consultar previamente, adjudican una determinada opinión.
Viene a cuento esta reflexión respecto a manifestaciones realizadas por políticos de uno y otro signo sobre el controvertido proyecto de ley del aborto.
Oímos con frecuencia: "Los españoles, o las mujeres, o los andaluces, o los ciudadanos no vamos a consentir…" Como si quien habla hubiera consultado previamente sus opiniones y estuviera autorizado a hablar en nombre de todos.
La realidad es muy distinta, no existen opiniones unánimes adjudicadas sin ningún rubor al colectivo al que dicen representar. Lo estamos viendo en la futura Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada sobre la que algunos políticos del Partido Popular se han manifestado contrarios a ciertos aspectos de la ley, mientras miembros del Grupo Federal de Cristianos Socialistas, dentro del PSOE, se muestran conformes. Así pues, ni siquiera los líderes políticos pueden hablar en nombre de todo el partido.
El ciudadano vota a un partido, pero es muy probable que, cuando lo hace, no esté de acuerdo al cien por cien con su programa, y mucho menos puede estarlo con el contenido total de futuras leyes apenas enunciadas. En leyes de la mayor importancia como aborto o educación, suponer que los millones de votos obtenidos son un cheque en blanco es mucho suponer.
Sin llegar al extremo de Suiza, donde la construcción de una nueva carretera es sometida a la aprobación en referéndum, hay leyes que por su importancia y transcendencia deberían aprobarse directamente por los electores y evitar así, como llevamos 35 años, que cada partido que llega al Gobierno cambie lo del anterior.
Dando por hecho que no existe posibilidad de nuevos pactos entre PP y PSOE, sería deseable, para determinadas leyes, recurrir al referéndum popular como garantía de durabilidad.
Viene a cuento esta reflexión respecto a manifestaciones realizadas por políticos de uno y otro signo sobre el controvertido proyecto de ley del aborto.
Oímos con frecuencia: "Los españoles, o las mujeres, o los andaluces, o los ciudadanos no vamos a consentir…" Como si quien habla hubiera consultado previamente sus opiniones y estuviera autorizado a hablar en nombre de todos.
La realidad es muy distinta, no existen opiniones unánimes adjudicadas sin ningún rubor al colectivo al que dicen representar. Lo estamos viendo en la futura Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada sobre la que algunos políticos del Partido Popular se han manifestado contrarios a ciertos aspectos de la ley, mientras miembros del Grupo Federal de Cristianos Socialistas, dentro del PSOE, se muestran conformes. Así pues, ni siquiera los líderes políticos pueden hablar en nombre de todo el partido.
El ciudadano vota a un partido, pero es muy probable que, cuando lo hace, no esté de acuerdo al cien por cien con su programa, y mucho menos puede estarlo con el contenido total de futuras leyes apenas enunciadas. En leyes de la mayor importancia como aborto o educación, suponer que los millones de votos obtenidos son un cheque en blanco es mucho suponer.
Sin llegar al extremo de Suiza, donde la construcción de una nueva carretera es sometida a la aprobación en referéndum, hay leyes que por su importancia y transcendencia deberían aprobarse directamente por los electores y evitar así, como llevamos 35 años, que cada partido que llega al Gobierno cambie lo del anterior.
Dando por hecho que no existe posibilidad de nuevos pactos entre PP y PSOE, sería deseable, para determinadas leyes, recurrir al referéndum popular como garantía de durabilidad.
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