Escribo cada semana artículos de opinión
donde expreso, con mayor o menor acierto y claridad, lo que pienso sobre temas
de actualidad. Hoy, fundamentalmente, se trata de informar, no a Vds. queridos
lectores, a quienes supongo suficientemente conocedores de nuestra Constitución
de 1978 como para no caer en las simplezas de algunos políticos en activo (es
un decir).
Sin entrar en ningún tipo de concreciones, el
PSOE basa su solución de la situación catalana en una reforma de la
Constitución de 1978 transformando España en un Estado Federal. La Constitución
prevé en su articulado los mecanismos para su reforma: La Constitución determina que la decisión
de efectuar una reforma de las indicadas en el art. 168.1 ha de ser aprobada
por mayoría de dos tercios de cada Cámara.
En caso de que el principio de reforma
constitucional sea aprobado por la citada mayoría en ambas Cámaras, se ha de
proceder a la inmediata disolución de las mismas. Las Cámaras elegidas a
continuación deben primero ratificar la decisión, para lo cual se exige una
mayoría simple a favor de la reforma en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
Después
han de proceder seguidamente al estudio del texto del proyecto o proposición de
reforma constitucional, que debe ser aprobado en ambas Cámaras por mayoría de
dos tercios (2/3). Una vez aprobada por las Cortes Generales ha de ser sometida
la reforma a referéndum para su ratificación.
Es
decir, cualquier iniciativa por parte de un solo partido político para una
reforma de calado de la Constitución de 1978 es un imposible, así que cuando
Pedro Sánchez se ofrece como "solucionador" de la cuestión catalana, mediante una
reforma constitucional que nos lleve a un Estado Federal asimétrico, es como si
estuviera ofreciendo la luna. Ni el PSOE, ni el PP ni ninguno otro partido puede
hacer nada por sí solo.
Está
bien que equipos de expertos "constitucionalistas" estudien su articulado e
incluso propongan las modificaciones, algo que ya hizo en 2013, el Aula
Política del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad San Pablo
– CEU que dirige José Manuel Otero Novas en su obra “Recuperar España. Una propuesta desde la Constitución” para la que contó
con la colaboración de numerosas “personalidades
del pensamiento o de la vida política de las que recibieron aportaciones
plurales en sesiones especiales y separadas”, como Francesc de Carreras, Soraya
Sáez de Santamaría, José Bono, Enrique Álvarez Conde, Pedro González Trevijano
y hasta la treintena de aportaciones externas. Un trabajo hecho desde la
experiencia y el conocimiento que duerme el sueño de los justos en los cajones
de muchos políticos españoles.
Cualquier
reforma en ese sentido debe, forzosamente, partir de propuestas concretas,
consensuadas con otras fuerzas políticas dispuestas a seguir el complejo
proceso descrito más arriba.
Más
sentido tiene la propuesta de Albert Rivera: “Un pacto con PP y PSOE para reformar España”, al menos, si llegan a
un consenso, primero sobre lo que hay que reformar y segundo sobre cómo, solo
estarían a un paso de lograr el objetivo, un paso nada fácil: el referéndum.
Que
quieren que les diga, soy pesimista, no estamos en la transición de los
setenta, cuando desde la derecha a la izquierda, pasando por los nacionalistas
vascos y catalanes, lo que querían era terminar con un régimen autoritario e
implantar una democracia donde todos tuvieran cabida. Había miedo a que el
ejército obstaculizara o se opusiera al proceso, no había más interés que salir
de aquello de forma pacífica, sin que las lógicas discrepancias pasaran a
primer plano. Había que ceder por todas partes para que, ante un posible impasse,
los poderes fácticos no tuvieran la tentación de recuperar la dirección del
país.
No
estamos en eso, España, la democracia española, ha transformado a nuestra
sociedad, y el ejército, tras la vacuna del 23 F, asume su función de garante
de la seguridad exterior e interior del país, a las órdenes del ejecutivo.
La dificultad
está, en primer lugar, en el acuerdo entre partidos. Cuando cada uno de ellos
habla de reforma constitucional lo hace en referencia a cuestiones diferentes
por lo que el acuerdo se antoja difícil. Si el consenso en temas como la
sucesión a la corona, podría fácilmente acordarse, nada hay que hacer en cuanto
se pretenda modificar la cuestión territorial y las competencias transferidas.
Las tensiones de una y otra parte, las centrípetas de algunos partidos
nacionales y las centrífugas de los nacionalistas periféricos son en esto
irreconciliables. Se ha ido demasiado lejos y ahora el regreso a la
racionalidad se antoja muy difícil.
No ya
reformar la Constitución, hasta gobernar, tras las próximas elecciones
generales, va a requerir el acuerdo entre dos o tres partidos. El PSOE, como ha
hecho en las elecciones autonómicas y municipales, es capaz de pactar con quien
haga falta, su objetivo, repetido hasta la saciedad, es desalojar al PP del
gobierno.
Nulas
son pues sus promesas a los independentistas catalanes de reformar la
Constitución sin el concurso de los populares. No se puede estar a la vez
rechazando y combatiendo, a cualquier precio, al Partido Popular para, a reglón
seguido, negociar imprescindiblemente con ellos una reforma constitucional.
La
política puede ser “el arte de lo posible”, pero a veces los políticos se
empeñan en proponer lo imposible. ¿Es que no se paran un momento a estudiar la
viabilidad de sus propuestas? Ofrecer
reformas constitucionales, cuando no se ha dado ni un solo paso en el camino
del consenso previo, es solo un brindis al sol.
