Publicado en el Diario de Cádiz el sábado 23 de Noviembre de 2013
No se sabe muy bien por qué, la democracia española, después
de treinta y cinco años y con alternancias de partidos en el Gobierno, mayorías
absolutas y toda clase de alianzas, no se ha atrevido a legislar un asunto tan
grave y prioritario como es la huelga.
La Constitución de 1978, en su Art. 28.2 solo
reconoce este derecho y habla a futuro de una Ley reguladora:
“Se reconoce el derecho a
la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule
el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
El desarrollo normativo de los derechos de huelga y
sindicación recogidos en el artículo 28 de la Constitución Española, debe
realizarse mediante Ley Orgánica, que requiere un especial consenso
parlamentario al exigirse, para su aprobación, modificación o derogación,
mayoría absoluta del Congreso”.
Se refiere también al mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad, es decir el establecimiento de los servicios
mínimos para que el resto de los ciudadanos puedan desarrollar su vida con
normalidad.
Acaban de vivir los madrileños una huelga de recogida de
basuras que ha durado 12 días, en los que no solo no se recogían los residuos
urbanos, sino que los “piquetes informativos” formados por sindicalistas y antisistema
han causado daños al mobiliario urbano por un valor superior a medio millón de
Euros, han esparcido y quemado las basuras sin respetar las entradas de
colegios ni hospitales.
Se puede entender y respetar el derecho de los trabajadores
a la huelga, pero no se puede comprender
que para reivindicar lo que consideren justo, corten carreteras, destruyan
mobiliario y tomen secuestrados a sus conciudadanos a los que ya no solo no
permiten realizar sus necesarios y a veces urgentes desplazamientos.
En algunas industrias los efectos de las huelgas se vuelven
contra los propios trabajadores, ahuyentando a posibles clientes, como es el
caso de los astilleros gaditanos que desde hace muchos años son sinónimo de
conflicto, en los que las justas razones para la protesta quedan empañadas por
los actos de vandalismo que las acompañan.
¿A qué esperan los políticos para acordar una Ley de Huelga?
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