LA ECONOMIA SUMERGIDA

                                              

            Sería una ingenuidad y una pérdida de tiempo por mi parte, la búsqueda de datos oficiales sobre la economía sumergida. No solo en España, sino en cualquier país, desde los más desarrollados a los más pobres, esta actividad se da en menor o mayor medida, quizás por ese mismo orden.

             Datos hay, con retrasos considerables y nunca con demasiada exactitud. Los únicos con una cierta fiabilidad, dadas las fuentes, son los proporcionados por el Instituto de Estudios Fiscales, el Banco de España, el Consejo Económico y Social, el Banco Mundial y la Unión Europea, que en 2008, cifraban la economía sumergida española entre el 20% y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que para ese mismo periodo, la media europea en esta difícil estadística, la sitúan entre el 15% y el 20%, sin considerar los países de la Europa del Este incorporados a la Unión Europea después de 1990.

               El propio Ministerio de Economía y Hacienda  de España, siempre referido al año 2008, en un informe de elaboración propia indica:”…las dos grandes bolsas de fraude existentes eran las operaciones de compraventa protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias, así como las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales”. Así, la evasión fiscal, más o menos detectada, con lo que deja de ser sumergida para convertirse en perseguida, en el sector inmobiliario representaba 8.600 millones de euros anuales en España. Según la misma fuente, “el 95,8% de las compañías asentadas en España que facturaban entre 1,8 y 6 millones de euros (+/- 57.700 sociedades mercantiles) escapaban a los controles fiscales al no tener obligación de ser auditadas.”

                   Ateniéndonos a estos datos y, siempre considerando que nos estamos refiriendo a una actividad ilícita y por tanto poco transparente, se puede dar por bueno que la economía sumergida en España en 2008 era el 23% del Producto Interior Bruto, lo que representaba el equivalente a 240.000 Millones de Euros. Han leído bien, 240.000 Millones de Euros, que no tributan absolutamente nada, el 0%, al Fisco español. Cifra capaz de hacer tambalear la economía de un país, cifra superior al PIB de países como Dinamarca, Venezuela, Chile, Portugal…

                 Y estamos hablando de 2008, año de inicio de la peor fase de la crisis económica, anterior a subidas de IVA, nuevas leyes laborales, disminución de la actividad económica, del consumo y otras circunstancias que “animan” esa actividad clandestina de la economía. Medidas que en su conjunto favorecen la prestación de servicios o incluso pequeñas ventas sin factura, el trabajo remunerado solo parcialmente de forma legal y otra parte en “negro” para evitar el pago de impuestos, horas extras no contabilizadas, contratos basura, y pequeñas empresas cuya supervivencia peligra y que para no cerrar, pierden transparencia de cara al fisco y a la seguridad social, entre otras cuestiones.

                Es decir, solo por lo que estas medidas han supuesto en este campo, podríamos estar hablando de más de 300.000 Millones de Euros de actividad económica no controlada, una buena parte de esta enormidad de millones han salido rumbo a paraísos fiscales, y el Gobierno, con su amnistía fiscal, solo ha logrado el retorno de unos 25.000 Millones de Euros, generando unos ingresos a las arcas del Estado de 2.500 Millones de Euros. 

                  Es cierto que muchos pensionistas ayudan a sus familiares, pero, las pensiones no son tan elevadas como para permitir una situación más allá de un periodo relativamente corto de tiempo, no de forma permanente y siempre llevando a toda la familia a una  perdida paulatina de calidad de vida.

                   Según los Presupuestos Generales del Estado para 2013, el gasto previsto para el pago de prestaciones por desempleo asciende a casi 27.000 Millones de Euros, mientras que la cantidad para “fomento de empleo”, disminuye por segundo año consecutivo (- 5,5% en 2011 y – 21,2% en 2012) para quedarse en unos 5.700 Millones de Euros. Las cifras son significativas, pero lo es más el hecho de que, mientras aumenta el número de parados y el gasto en prestaciones, se disminuya considerablemente la partida destinada al fomento del empleo.

                 No entraremos, por ahora, en las múltiples y millonarias estafas de políticos, banqueros, profesionales, sindicalistas y trabajadores poco escrupulosos con el dinero publico, que van desde las escandalosas cifras cobradas como jubilación de un alto cargo, al cobro de indemnizaciones por desempleo simultaneadas con actividad laboral no declarada, o jubilaciones por incapacidad física fraudulentas, que de todo hay.

                Un país que ya había alcanzado unos niveles bienestar social equiparables al mundo más desarrollado, se ve, en muy poco tiempo, sumido en un retroceso económico inasumible, incontrolado y abocado a un rescate o la bancarrota, con unos responsables políticos y económicos dando palos de ciego sin encontrar la salida y, mientras tanto las cifras del paro llegan a los seis millones, entre los que es muy importante considerar el 55% de paro en menores de 25 años.

                 La economía sumergida de pequeña escala, es decir, la desarrollada por una actividad económica no controlada, que no cotiza, pero que permite seguir viviendo a millones de familias españolas  a las que no alcanza ya ni la prestación denominada “ayuda familiar”, por cierto la más baja de Europa, ni las ridículas ayudas familiares por hijo o a familias numerosas, o madres solteras, divorciadas, viudas. Políticas sociales que en países de nuestro nivel de desarrollo y desde hace muchos años son realmente muy considerables. En España los índices de natalidad son muy bajos, a la cola de Europa, pero el Gobierno y los gobiernos de las autonomías no proporcionan las familias con hijos ventajas fiscales y otras ayudas que sean significativas, y que en las actuales circunstancias, precisamente,  deberían verse considerablemente reforzadas.

                    Ya se que la economía sumergida es delictiva y perseguible por el Fisco, independientemente de su cuantía, pero dadas las quejas continuas de los funcionarios de Hacienda sobre la falta de medios y el exceso de trabajo, bueno sería y mucho más rentable para el Estado, la persecución de los grandes defraudadores, y al mismo tiempo, quizás se puedan mejorar las ayudas a las familias con hijos que lo están pasando muy mal, y si quieren datos concretos sobre estos dramas, pregunten a Caritas y otras instituciones que se ocupan de alimentar, vestir y acoger a tantas familias sin recursos.